Aliento a la concentración

El “triple play”
Jesús Cantú

El acuerdo de convergencia que permite a los prestadores de telefonía local o de servicios de televisión y audio restringida ampliar sus concesiones para proporcionar lo que se denomina coloquialmente “triple play”, es decir, voz, datos y video, consolida el rumbo establecido en la llamada “Ley Televisa”, de mantener los privilegios de los actuales dueños de las concesiones.

La convergencia tecnológica es uno de los recursos estratégicos del momento y, en ese sentido, las políticas públicas en materia de telecomunicaciones deben involucrar a todos los servicios que se pueden prestar a través de ellos y propiciar la óptima utilización de las redes de telecomunicaciones, sin embargo, el fin último debe ser el consumidor y no el fortalecimiento de los actuales prestadores de servicios.

La digitalización de los servicios amplió de facto los canales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, pues al permitir la compresión requiere de menor espectro para prestarlos y, por lo mismo, libera espacio para otros servicios o incluir a nuevos prestadores. Este sólo hecho abre una disyuntiva: aumentar el número de prestadores de servicios o fortalecer y hacer crecer a los ya existentes. En México se optó por lo segundo.

Optar por este modelo significa perder la gran ocasión de mitigar la actual concentración existente en los medios masivos. La evolución tecnológica de lo analógico a lo digital abre una oportunidad única, similar a la que se vivió al inició de la radiodifusión en México, que difícilmente se repetirá para promover la competencia y ampliar el número de prestadores de servicios de telecomunicaciones y, particularmente, en el terreno de los medios electrónicos de comunicación, sin necesidad de afectar las concesiones ya otorgadas a los actuales propietarios.

Mientras la llamada “Ley Televisa” benefició a las dos televisoras; el acuerdo de convergencia favorece a Telmex. Así simplemente se refrenda el rumbo que el actual gobierno determinó desde el 10 de octubre de 2002, cuando emitió el famoso “decretazo”, que disminuyó los tiempos públicos que los concesionarios están obligados a poner a disposición del Estado, burlando dos años de diálogo en la Secretaría de Gobernación con la participación del Ejecutivo, legisladores, concesionarios, radios comunitarias, sociedad civil, académicos y demás interesados en el tema.

En el mundo en general se avanza en la consolidación de los conglomerados mediáticos, sin embargo, existen reglas claras para evitar una concentración excesiva y sus efectos perniciosos. Particularmente, en Estados Unidos —que aplica básicamente el mismo modelo que se sigue en México— existen disposiciones que limitan estrictamente lo que llaman “propiedades cruzadas”, es decir, la posibilidad de poseer radio y televisión o prensa y radio o prensa y televisión en una misma plaza; igualmente establecen límites al número de estaciones de radio, televisión y televisión por cable que un mismo propietario puede poseer y, desde luego, la norma de no controlar más del 35% de la audiencia. El intento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de flexibilizar dichas reglas en 2003, fue revertido.

En México se sigue la misma tendencia, pero sin claras limitaciones a los alcances de los conglomerados y, al menos, en materia de televisión cada día se consolida más el duopolio televisivo y en radio, el oligopolio de 10 grupos que concentran más de las dos terceras partes de las concesiones.

Por ello es preocupante que el espacio que se gana en las redes de telecomunicaciones con la digitalización se entregue sin más (eventualmente el pago de una contraprestación cuyo monto queda en manos de la cuestionada Comisión Federal de Telecomunicaciones) a los actuales dueños de las mismas; cuando en otros países, como el Reino Unido —cuya legislación es una de las más avanzadas en la materia—, se aplica el modelo alternativo y la vía que se sigue es la de abrir nuevas licitaciones públicas, de tal manera que se abre la posibilidad al ingreso de nuevos prestadores de servicios.

En México, primero se reforman las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones en beneficio del duopolio televisivo; después, con la puerta que abrió la reforma, se integra una Cofetel comprometida con los prestadores de servicios; y, finalmente (al menos en este sexenio), se emite un acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para consolidar los privilegios de los cableros y los prestadores de servicios telefónicos locales, de manera muy relevante Telmex.

Y la consolidación de estos conglomerados de las telecomunicaciones y los medios de comunicación se realiza sin la normatividad que asegure la competencia justa entre los participantes ni garantice la diversidad de servicios al consumidor, mucho menos su calidad y precio justo.

Así en México la normatividad en materia de telecomunicaciones se adecua para preservar los privilegios de los actuales prestadores del servicio, particularmente los más poderosos.— Monterrey, Nuevo León jecantue@yahoo.com

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2900000000$3399163&f=20061014