Radios comunitarias, sin respaldo

La SIT ha autorizado 438 frecuencias en FM y 99 en AM, pero no da cuenta de emisoras comunitarias

Por: Leslie Pérez

Todos los días, al caer el alba, la señal de Radio Roca FM invade los hogares de algunos poblados de Sololá. Tiene sonido estéreo y la voz del locutor se hace familiar cuando dice: “¡Buenos días, Sololá!”

Lo que no todos los oyentes saben es que lo estéreo sale de un pequeño mixer, dos micrófonos y dos caseteras convencionales, instalados en un desvencijado cuarto, de no más de dos metros cuadrados, tapizado con cartones de huevo para aislar el sonido.

Roca es una emisora comunitaria que ofrece a los oyentes sololatecos, no más allá de cinco kilómetros a la redonda, programas de salud, educación y agricultura, en su idioma.

Como ésta, hay otras 640 emisoras, cuyos propietarios se han organizado en asociaciones para defender sus derechos de acceso a los medios, como lo estipulan los acuerdos de paz, pero muchas de ellas no han llenado los requisitos legales para operar frecuencias.

La Asociación de Emisoras Comunitarias del Sur Occidente (Aecso) registra 150 radios; al Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria (CGCC) pertenecen 240 y a la Asociación de Medios Comunitarios de Guatemala (Amegua), 250.

El problema es que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) no las tiene registradas, pues sus autoridades aseguran haber extendido sólo 438 títulos de propiedad de frecuencias en FM y 99 en AM, todos comerciales.

Esas cifras no concuerdan con la cantidad de comunitarias en acción.

¿Comunitarias o ilegales?

El jefe de la SIT, Óscar Chinchilla, dice: “La ley menciona tres tipos de frecuencias, las del Estado, las reguladas (comerciales, culturales y educativas) y las de radioaficionados”.

Sin embargo, en los últimos 10 años han proliferado las comunitarias -muchas de ellas consideradas “piratas”-, algunas de las cuales han sido allanadas por las autoridades por carecer de títulos de propiedad de frecuencias y sus equipos han sido decomisados.

Sólo entre marzo y abril recién pasado, hubo nueve registros a este tipo de emisoras en Jutiapa, Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango y Huehuetenango.

En Jutiapa fueron capturados operadores y locutores de dos emisoras evangélicas, que posteriormente fueron liberados porque sólo eran empleados de las radios.

Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC) también detuvieron a Pablo Quixtán, hermano de la secretaria de la Paz, Norma Quixtán. Él dirige Radio Mayense, ubicada en la zona 1 de Quetzaltenango. En ese mismo departamento, también fueron allanadas las emisoras FM Mundo e Intercesión.

En esos meses también hubo similares acciones judiciales a la Voz Latina, Presencia Estéreo y El Cairo, en Chimaltenango, así como a Nolber Sideral y Acción, en Huehuetenango.

Las autoridades anuncian que continuarán con los operativos dirigidos contra las radios ilegales.

Problema de concepto

William Mazariegos, del CGCC, define el concepto de radio comunitaria como “un medio no sectario, sin base política o partidista, que debe transmitir su información en el idioma local, que debe abrirse a la participación de la población, ser integradora, educativa y cultural”.

Seguramente para fortalecer ese concepto, Víctor Hugo Herrera, de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica (FGER), informa de que esta institución trabaja con ocho emisoras de este tipo, a las cuales envían programas educativos o de salud, entre otros, aunque aclara: “Estas sí están legales”.

De acuerdo con Mario Valderramos, directivo de la Cámara Guatemalteca de Radiodifusión (CGR), lo de “radio comunitaria” no es más que un concepto de formato radial, que en ningún momento ha estado en discusión.

Según él, existen emisoras legales que utilizan tiempos y contenidos informativos para dedicarlos a las comunidades, sin fines de lucro. “Lo que nosotros objetamos es la ilegalidad con que algunas funcionan”, aclara.

Eso, para los propietarios de las emisoras comunitarias no parece ser problema, pues dicen ampararse en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual plantea la necesidad de abrir espacios de expresión para sus comunidades.

Mazariegos, del CGCC, dice que después de la firma de los acuerdos de paz, en 1996, el Gobierno se comprometió a reformar la Ley de Telecomunicaciones para incluirlos en la distribución de frecuencias radiales, pero eso no ocurrió jamás.

El comunicador reclama que optar a una frecuencia les significa contar con Q1 millón para obtener un título de propiedad.

Para resolver ese problema, los diputados Marcelino Nicolás Moscut y Nineth Montenegro han presentado propuestas de reformas a la Ley de Telecomunicaciones a la Comisión de Comunicaciones del Congreso, con las cuales buscan que esas emisoras se definan en FM, independientes y operadas por organizaciones civiles no lucrativas al servicio de la comunidad.

A la fecha, según el presidente de esa Comisión, Luis Alberto Contreras, se está realizando un análisis legal y técnico de las propuestas, porque también hay que analizar a quiénes podrían cederse las pocas frecuencias disponibles.

¿Son o no piratas?

El tema no ha sido resuelto, pues, según los radiodifusores, existen intereses políticos encabezados por algunos diputados.

Como muestra, el legislador Moscut, ponente de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, preside la Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala (ARCG), la cual figura en registros de la CGR como una instancia que autoriza el funcionamiento de emisoras sin el necesario título de propiedad.

Moscut justifica que esta documentación sólo garantiza que la emisora pertenece a una determinada asociación y cuál es su programación. “Para que no existan más problemas es que se busca legalizarlas”, explica y reconoce que debe haber una depuración.

¿Cuánto más?

El problema ha sido llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recomendó que Guatemala revise sus leyes para garantizar el acceso equitativo a las frecuencias de radio y televisión.

A raíz de ello, surgió una comisión de alto nivel que busca de soluciones.

Frank La Rue, quien la preside, dice que el problema es en manos de quiénes dejan las frecuencias, pues la idea es que pertenezcan al municipio y no a organización alguna.

Agrega que una posibilidad es que los responsables de su uso fueran los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes), por tener representación en el municipio.

Según el funcionario, el problema podría quedar resuelto antes de julio próximo, previo al encuentro para tratar ese punto entre el Fondo para la Educación y la Ciencia de Naciones Unidas (Unesco) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

Por de pronto, lo que más asusta es que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, estas emisoras podrían desaparecer, pues éste permite que empresas estadounidenses reúnan y transmitan informaciones desde o hacia su territorio.

Años de discusión

Los acuerdos de paz estipulan el acceso equitativo a los medios.

El inciso “h” del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas dice que el Gobierno debe favorecer el acceso a los medios de comunicación a las comunidades e instituciones mayas, y de los demás pueblos indígenas.

También establece que debe promover, en el Congreso, reformas necesarias en la Ley de Radiocomunicaciones para facilitar frecuencias a proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de indiscriminación.

A pesar de que el Acuerdo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se firmó en 1995 y que las reformas a la Ley de Telecomunicaciones entraron en vigor en 1996, los cambios no fueron efectuados.

La Cámara de medios demanda el cumplimiento de la ley y denuncia que muchas radios comunitarias operan de forma ilegal.

Durante la administración del FRG se concedieron frecuencias con fines políticos.

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Ya no hay espacio para nuevas frecuencias

Luego de una evaluación técnica presentada el año pasado, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) determinó que sólo quedan 18 espacios, en Frecuencia Modulada (FM) para cobertura departamental y 11 para cobertura municipal, y no existe ninguno libre en Amplitud Modulada (AM).

En otras palabras, “el espectro radioeléctrico está saturado”, afirma el jefe de la SIT, Óscar Chinchilla.

El funcionario insiste en que si se otorgaran más frecuencias a grupos de la sociedad civil, tendría que ser con tiempos compartidos.

Es más, agrega que durante su administración no se ha sacado a subasta ni se ha dado en usufructo ninguna frecuencia, en tanto no se llegue a acuerdos.

En la realidad, parece no haber ningún tipo de consenso al respecto.

Mario Valderramos, de la Cámara Guatemalteca de Radiodifusión (CGR), señala que sólo en 2005 fueron presentadas denuncias de por lo menos 300 radios que no contaban con autorización, y describe que, aun cuando se hacían llamar comunitarias, en realidad eran comerciales o religiosas.

La secretaria de la Paz, Norma Quixtán, informa de que el tema será abordado durante el diálogo nacional, pero el diputado Luis Alberto Contreras advierte que la discusión de las propuestas de reforma a la Ley de Telecomunicaciones aún no están en agenda y que su análisis podría retomarse hasta en agosto.

http://www.prensalibre.com/pl/2006/mayo/21/142173.html