Lo comunitario merece un espacio destacado en la radiodifusión

* María Matta Cerna

La Presidenta Michelle Bachelet presentó un nuevo proyecto para regular la radiodifusión comunitaria , cuyo objetivo es el fomento del pluralismo y la promoción de la expresión de la ciudadanía a través de diversos medios. Con este cuerpo legal se quiere, a su vez, superar la distinción hasta ahora vigente por ley entre radios comerciales y de mínima cobertura, que según las actuales autoridades deja fuera el sentido social y comunitario que impulsa la actividad radial en comunidades y localidades.

Se inicia ahora la discusión parlamentaria sobre el contenido de dicho proyecto. Es esperable que ésta transcurra con los instrumentos y organismos con que cuenta el Parlamento de modo garantizar un debate transparente y participativo.

En marzo de este año la Cámara de Diputados creó la Comisión de libertad de expresión y medios de comunicación, un lugar interesante y apropiado para discutir un proyecto de ley que se fundamenta en estos principios.

La relevancia de estos debates es mundial y se dan en un marco que cruza las grandes disyuntivas y discusiones de la contemporaneidad sobe gobernabilidad, democracia, concentración económica y diversidad de medios de comunicación.

El lugar que una sociedad otorga al desarrollo de un tercer sector de las comunicaciones que incluya medios de comunicación comunitarios, constituye una marca sustantiva para enfrentar sus propios desafíos de inclusión social y combate a la desigualdad.

En radiodifusión implica el derecho de las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro para fundar medios comunitarios. Estas comunidades pueden agruparse en torno marcas diversas de carácter territorial: barrios, comunas, ciudades, regiones; o temáticas: ambientales, de género, ejercicio de derechos, cultura urbana, creación artística, minorías sexuales, tecnologías, conocimiento libre u otras.

Atendiendo a los instrumentos internacionales de derechos humanos y libertad de expresión, AMARC ALC considera como principio básico para regir las legislaciones en esta materia, que la radiodifusión comunitaria no implique necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida y por tanto no debe haber limitaciones previas o arbitrarias de cobertura, potencia o cantidad de emisoras comunitarias en una localidad, región o país.

Un proyecto de ley que imponga estos límites, provoca el efecto “no deseado” de asimilar este sentido comunitario/ no lucrativo a lo pequeño con impacto reducido, por tanto lo comercial/ lucrativo queda adherido al derecho a abarcar amplias zonas geográficas y con alta influencia. Este es uno de los asuntos claves en la discusión que se abre con la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo.

Nuestro país enfrenta un severo problema de concentración económica en prensa escrita, radio y televisión. Este es un factor que obstaculiza la pluralidad, al privilegiar una lógica única de gestión y competitividad de mercado, que en la práctica pone freno al desarrollo de medios pequeños o medianos, públicos, regionales o comunitarios. Los sistemas regulatorios y las legislaciones vigentes se han mostrado insuficientes para impedir la tendencia a la conformación de la comunicación como un sector económico/financiero altamente concentrado, especulativo y con integración vertical.

La presentación por parte de la Presidenta de un Proyecto de ley de Radios Comunitarias nos permite situar una conversación pública urgente en el campo de los medios de comunicación. La concurrencia de la ciudadanía a este debate es imprescindible de modo de conseguir efectivamente una legislación que habilite el ejercicio ciudadano del derecho a la comunicación.

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