Venezuela en Bolivia

Venezuela en Bolivia aparece por aquí y por allá. Es claro el respaldo político, económico y técnico de nuestro país, y alguna de la ayuda enviada obliga a revisar los fines y métodos de la cooperación, pues ésta no puede desconocer el trabajo previo, histórico en algunos casos. Se trata de un aporte venezolano por 1,5 millones de dólares para la instalación de unas 30 emisoras comunitarias dentro de un plan gubernamental boliviano que incluye también la adhesión a Telesur y el reforzamiento de los medios del Estado (incluso la creación de una nueva señal de televisión estatal). Al igual que en nuestro país, como correlato de estas acciones el presidente Evo Morales fustiga, de cuando en cuando, el rol de los medios privados por las críticas que éstos le hacen a su gestión.

A simple vista parece coherente tal donación con lo que ha sido la práctica de nuestro gobierno. Sin embargo, el caso levantó reacciones, y tiene que ver con el método. En Bolivia existe uno de los más extendidos y sólidos movimientos de radiodifusión comunitaria de América Latina; varias federaciones reunen a emisoras mineras (hoy venidas a menos), indígenas, campesinas, en tanto la mesa nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) congrega a unas 70 de estas experiencias.

La ligazón entre emisora radial y movimiento organizado autónomo data de medio siglo, cuando al despuntar de las movilizaciones sindicales mineras, se entendió a la radio como soporte comunicacional indispensable para contraponerse al poder, canalizar exigencias y compartir experiencias. Las emisoras mineras, expresión genuinamente comunitaria, fueron decisivas para el regreso de la democracia a Bolivia.

En tanto, Amarc conjuntamente con la Universidad Católica de Bolivia han desarrollado en los últimos años decenas de actividades de capacitación de comunicadores indígenas para que se apropien de las técnicas de radiodifusión. Desde ese contexto de cooperación institucional, se logró que en los años 2004 y 2005 se aprobaran marcos normativos para la actividad en Bolivia. La bandera de tales acciones fue garantizar el pluralismo en el uso de los medios que están al servicio de comunidades, y entender a estos medios como expresiones autónomas, y no como extensiones de proyectos políticos.

Todo este camino recorrido pareció ser omitido, pues cuando el gobierno de Bolivia anunció la instalación de nuevas emisoras, con una suma nada despreciable de 50.000 dólares para cada estación, lo hizo sin haber consultado o involucrado a los radialistas comunitarios que ya existían en el país. Fue una de esas típicas decisiones desde arriba y a punta de billete.

Las quejas no faltaron, y por suerte el gobierno de Morales rápidamente las atendió. Se firmó un compromiso del cual fue parte el gobierno junto a varias federaciones y redes de radios ya establecidas. De este acto, y con una lectura desde lo que venimos viviendo en Venezuela, se pueden rescatar estos acuerdos: el Estado promoverá un uso plural y con mecanismos participativos, se generará una política consensuada, se hace un reconocimiento al valor de las experiencias ya existentes y al rol histórico que ha tenido la radiodifusión comunitaria en el país.

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