Las comunidades: un actor necesario

María Pía Matta


Las radios comunitarias tienen una larga historia en el continente y en el mundo. Son medios cruciales para fomentar la diversidad en la información y promover la diferencia como eje en la construcción de pautas noticiosas.

Hablamos de centenares de radios que comparten la misión de democratizar las comunicaciones, donde la sociedad civil ejerce comunicabilidad, cuyos sentidos y propiedad son distintos del lucro, del proselitismo político o religioso.

Son emisoras que en su editorialidad representan los intereses de su comunidad, sea ésta una pequeña localidad o un amplio sector social.

Trabajan con altas o bajas potencias, con voluntarios o personal contratado. Se establecen como organizaciones sin fines de lucro, lo cual no impide implementar estrategias de sostenibilidad que incluyan la venta de publicidad que les permita constituirse en empresas rentables.

Muchas radios comunitarias ofrecen programación formativa, educativa, que rompe con la uniformidad del mercado que controla el dial comercial.

Las radios comunitarias se instalan como medios comunitarios, independientes, ciudadanos, para ejercer un tipo de comunicación centrada en lo social. Se sitúan en un escenario que resignifica y contrasta el sentido de la labor comunicacional, y contribuyen así a remover la inercia del actual sistema de comunicaciones.

El asunto de la propiedad de carácter colectivo y no lucrativo, es sustantivo a la hora del debate y la puesta en escena de ideas que cuestionan el exclusivo sesgo mercantil tan en boga.

Muchas veces se trata de radios que sirven como efecto demostrativo respecto de la viabilidad de llevar adelante medios con autonomía, sin primacía ideológica, con editorialidades independientes, de carácter social y democrático.

La hegemonía y la concentración

La construcción de pautas informativas, que den visibilidad al quehacer de los movimientos sociales, aparece como una carencia en el panorama mundial, que influye negativamente en la formación de opiniones públicas plurales.

Respecto del tema específico de la concentración económica de los medios de comunicación, la política asumida por los diferentes gobiernos de la región ha sido la de desmantelar las trabas a la inversión extranjera y a la propiedad cruzada entre distintos medios, operando bajo el supuesto que el desarrollo mismo de la industria garantizará la libertad de expresión y el pluralismo. En otras palabras, que el mercado sería el agente encargado de garantizar la libertad de expresión.

Esta realidad afecta a América Latina y a otras partes del mundo. El espectro radiofónico es patrimonio de la humanidad, los Estados tienen el deber de administrarlo en forma equitativa.

El monopolio y el oligopolio de las frecuencias radioeléctricas atentan contra la libertad de expresión y empobrecen el indispensable pluralismo informativo. Los Estados deben impulsar regímenes transparentes y democráticos de adjudicación de frecuencias radioeléctricas que garanticen el libre acceso de todos los sectores sociales a las mismas.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Unesco, entre otros organismos internacionales, han reconocido que las frecuencias radioeléctricas son patrimonio común de la humanidad. Igual que el aire, los océanos y la capa de ozono, el espectro radioeléctrico es un bien común de la humanidad.

En América Latina ningún Estado ha desarrollado su legislación en materia de comunicación (telecomunicaciones, radio, TV) desde el enfoque de los derechos humanos; en ese sentido, la mirada dominante ha tenido como referente el carácter económico-mercantil y tecnológico para la regulación de los medios.

Por lo tanto, nos parece del todo necesario la existencia de un marco jurídico y reglamentario que proteja y promueva los medios de comunicación comunitarios, y cuyo fundamento sea coincidente con los principios de las convenciones y organismos de derechos humanos en lo referente a América Latina y a sus instrumentos de aplicación.

Concepto público como marco para una nueva legislación en AL

Los marcos jurídicos en materia de radiodifusión en América Latina, no contemplan ni siquiera la noción de radio pública.

Una ley de radiodifusión pública podría poner en escena el carácter público de los medios y sacarlos del ámbito exclusivo de los negocios y del mercado.

Debe establecerse como objetivo la concesión de licencias que autoricen las emisiones comunitarias de radio y televisión en los lugares donde actualmente no están permitidas. Instituir como eje que el espectro radioeléctrico nos pertenece a todos y que, por lo tanto, debe distribuirse equitativamente.

En la planificación y reglamentación del espectro se deben destinar frecuencias y canales suficientes para que los medios de comunicación comunitarios puedan desarrollarse, tanto en el entorno analógico como en el digital.

Se trata de instalar en la escena política el debate sobre la radiodifusión pública, independiente, comunitaria, y de carácter no lucrativo; los marcos legales que permitirían su desarrollo, y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en una doble dimensión. Por un lado, potenciar estratégicamente a los medios comunitarios; por el otro, contribuir a partir de éstos a instalar una marca social que facilite la emergencia de una Sociedad de la Información que incluya y favorezca a los sectores pobres y excluidos.

Para lograr tal fin, es imprescindible propiciar la participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas de comunicación. Para lograr una distribución equitativa del espectro radioeléctrico, los organismos de telecomunicaciones deben ser independientes de los gobiernos y en especial de sus intereses económicos.

Asimismo, la promoción del tercer sector dentro de la radiodifusión es una estrategia prioritaria en la actualidad. Así como hay lugar en el espectro para emisoras comerciales que se rigen por un criterio de rentabilidad económica y para medios estatales que buscan la rentabilidad política, debe haber espacio para estaciones de radio y televisión que no buscan el lucro ni el proselitismo, sino la construcción de ciudadanía, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, la creación de consensos en torno a causas nobles, y la mejoría en la calidad de vida de los individuos.

Radio y TICs: desarrollo estratégico

La llamada Sociedad de la Información no debe entenderse como un fenómeno restringido al problema de los medios digitales y debe tener como punto de partida el bienestar de las personas en su más amplia acepción. Es deber de los gobiernos garantizar el derecho a la libertad de opinión, de expresión y de comunicación, como derechos fundamentales esenciales de una sociedad democrática. Igualmente, deben asegurar que estos derechos no sufran ninguna restricción a través de medios indirectos o mediante el control abusivo por parte del gobierno o del sector privado respecto de las frecuencias o de los equipos necesarios para la difusión de la información, o mediante cualquier otro medio destinado a restringir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Las radios comunitarias son los medios que apuestan a una mejor calidad para el debate público y la participación ciudadana, posibilitando una comunicación más cercana a la gente, en mayor relación con la demanda local. En este contexto los Centros de Comunicación Multimedia constituyen estrategias efectivas para mejorar el acceso, utilización y apropiación de las nuevas tecnologías. La radio análoga asociada a este tipo de centros brinda un espacio para la socialización de las nuevas tecnologías.

Las radios comunitarias y sus redes tienen como patrimonio una trayectoria de impacto y legitimidad entre sus comunidades. La incorporación de nuevas tecnologías permitirá mejorar su oferta e inserción comunitaria y abrir paso a una comunicación como ejercicio de derechos por parte de las personas.


María Pía Matta es presidente de La Corporación La Morada y vicepresidenta de AMARC ALC.

pmatta@lamorada.cl

http://www.etcetera.com.mx/pag24-27ne68.asp