Nueva crítica al periodismo

El presidente Néstor Kirchner ha embestido nuevamente contra los periodistas críticos de su gestión. Teóricamente afirmó con razón, que "la democracia es saber pensar diferente y también reconocer lo bueno del otro y decir lo que uno piensa y no tener miedo". Pero el problema que tiene el Gobierno cuando se le presentan legítimas objeciones, es considerar a quien disiente con él, como un enemigo al que pareciera que hay que desprestigiar o infravalorar a toda costa.

No se debe olvidar que en nuestro país sigue siendo arduo ejercer el derecho ciudadano a la información. Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con una herramienta legal para que cualquier ciudadano pueda obtener información de distintos poderes del Estado, y por tanto, sin un mecanismo esencial para lograr la vigencia de otros derechos fundamentales.

En noviembre último, el proyecto de ley de acceso a la información pública perdió estado parlamentario porque la Cámara Baja no trató el proyecto que el Senado había votado el 1 de diciembre de 2004 con peligrosas modificaciones al texto que salió de Diputados el 8 de mayo de 2003. Este proyecto tenía la particularidad de haber sido elaborado a través de un procedimiento de consultas desde el sector público con la sociedad civil sin precedentes en nuestro país. En cambio, el texto modificado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Cristina Fernández de Kirchner, restringía sustancialmente el derecho y no respetaba estándares internacionales y constitucionales. Los senadores impusieron la obligación de los ciudadanos de especificar los motivos para solicitar información y el carácter de declaración jurada del formulario; el pago de aranceles; la ampliación de las razones por las cuales puede clasificarse la información; las excepciones que permiten negar su acceso y el plazo para mantener en reserva un documento. Finalmente, la ambigüedad de la definición de "información pública", que extendía la obligación a todas las entidades privadas. Este último punto alteraba sustancialmente el espíritu del proyecto original que, además de alcanzar a los tres poderes incluía a empresas vinculadas al Estado, como las concesionarias de servicios y las entidades que reciben subsidios estatales.

Convendría recordar que una sociedad desinformada pierde la credibilidad en sus mandatarios y se debilitan las instituciones de la democracia.

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