Radios comunitarias: ¿para cuando la ley?

Alfonso Gumucio D.*

América Latina es un continente privilegiado pues cuenta con más de 10 mil radios comunitarias. Sólo en Perú hay cerca de cuatro mil emisoras, en su mayoría en el área rural. Ecuador, Bolivia y Colombia son naciones donde las radios comunitarias se cuentan por centenares. En otros países de la región, aunque en menor número, las emisoras de los sectores pobres y marginados de la sociedad proliferan, aunque las condiciones a veces son muy adversas.

En Guatemala las emisoras de los indígenas mayas sufren la represión del Estado, porque las empresas comerciales -en manos de dos o tres empresarios- rechazan el derecho de las comunidades a expresarse. En cambio Ecuador, Perú, Colombia o Venezuela cuentan con legislaciones que reconocen y protegen las radios comunitarias, consideradas esenciales para el desarrollo local. La legislación de Chile y de Brasil parece haber sido diseñada para limitar la expresión de las comunidades: las restricciones de potencia del transmisor o de cobertura son draconianas, así como la prohibición de generar recursos a través de la publicidad. Aún así en Brasil hay 10 mil proyectos de emisoras comunitarias que esperan su legalización.

En el valle de Sutatenza (Colombia) nació hace 60 años la primera radio comunitaria del mundo; aunque su vida fue corta, pues se convirtió poco después en radio escuela. Hoy, el gobierno colombiano otorga centenares de licencias para emisoras comunitarias que operan en zonas de conflicto y que realizan una labor importante en búsqueda de la paz. El país cuenta con una docena de redes, y cada una agrupa alrededor de una veintena de emisoras comunitarias. En 2006 recorrí la red de AREDMAG -emisoras instaladas en las riberas del Río Magdalena Medio, zona de cruentos enfrentamientos entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército- y pude constatar el grado de participación y compromiso local, especialmente por parte de las generaciones más jóvenes.

En África y Asia las radios comunitarias se han multiplicado durante los últimos diez años, a partir de experiencias aisladas de los años 1980s, como Bush Radio que nació en África del Sur en tiempos del apartheid. Hoy este país cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en apoyo de las radios comunitarias, al igual que Ghana.

Nepal y Filipinas son la vanguardia de las radios comunitarias en Asia, aunque recientemente la India prepara una gran sorpresa con la aprobación de legislación a fines del 2006. En Filipinas se conformó desde el año 1990 la red Tambuli, con veinte emisoras que operan en las regiones más aisladas del país, como Radio Loreto y Radio Tubajon, que pude visitar a fines de los 1990s en la isla de Surigao. En Nepal, nació en esa década la primera radio independiente, Radio Sagarmatha creada por un grupo de periodistas ambientalistas, esencial en la lucha por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Gracias a ello existen en Nepal otras emisoras comunitarias, gestionadas por la propia comunidad.

Bolivia, oportunidades perdidas

Recordemos el lugar privilegiado que tiene Bolivia en la historia de las radios comunitarias del mundo. Desde fines de los años 1940s nacieron radios mineras en centros como Siglo XX-Llallagua, Catavi, Huanuni, etc. A principios de los años 1960s eran cerca de 25 emisoras mineras las que habían sido establecidas con los aportes de los propios sindicatos. Por su carácter verdaderamente participativo, por su defensa del derecho a la comunicación, y por el papel central que cumplieron en la lucha por las libertades y por un país digno y soberano, las radios mineras son conocidas y respetadas en el mundo entero.

Con la declinación de la minería del estaño, pocas sobrevivieron o tuvieron que hacer frente a una nueva situación ya que su principal audiencia había emigrado a las ciudades en busca de trabajo. Entre aquellas que mantienen vigencia, aunque precariamente, están Radio Nacional de Huanuni, Radio Vanguardia de Colquiri y Radio 16 de Marzo, en Bolívar, que recientemente han sido objeto de un estudio detallado de Karina Herrera (FES).

Desde los años 1970s se han multiplicado las radios comunitarias campesinas, indígenas y urbanas marginales, varias de ellas afiliadas a la red ERBOL. Estas radios cumplen un papel central en el desarrollo local y en el fortalecimiento de la identidad cultural.

Con la llegada al poder de Movimiento al Socialismo bajo la presidencia de Evo Morales, se han multiplicado las “radios originarias” promovidas por el gobierno central como extensiones locales de los organismos de difusión del Estado. Al principio, estas emisoras oficiales fueron llamadas “comunitarias” pero la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), tuvo que precisar que no corresponden a las características participativas de la radio comunitaria. Estas emisoras son más bien repetidoras de programas elaborados centralmente.

El modelo se asemeja al de las 22 emisoras de Instituto Nacional Indigenista de México, instaladas en comunidades indígenas por el gobierno del PRI con el objeto de promover la lengua y las costumbres locales. Posteriormente, algunas lograron cierta autonomía para operar sin las directivas del poder central. Esperemos que eso pueda suceder en Bolivia con las radios originarias cuando pasen algunos años y la presión política sobre ellas no sea tan directa. Mientras hay emisoras comunitarias e indígenas que esperan que la Dirección de Telecomunicaciones les otorgue una licencia para funcionar y una frecuencia para emitir, las radios originarias no han pasado por ningún proceso reglamentario: simplemente se las ha favorecido con el peso del poder ejecutivo, y sin aplicar las disposiciones existentes.

En el plano de la legislación, paradójicamente el gobierno del MAS no ha aprobado una ley de protección y estímulo a las radios comunitarias de Bolivia. Lo más próximo es un decreto dictado por Carlos Mesa en el que se reconoce y regula el funcionamiento de las radios comunitarias. El gobierno del MAS tiene una deuda pendiente todavía en este campo.

La Constitución Política del Estado aprobada por los asambleístas del MAS, recogió las inquietudes de los comunicadores y especialistas de la comunicación, e incluye en el Artículo 108 de la “versión oficial”, un acápite que dice textualmente: “El Estado apoyará la creación y mantenimiento de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades”. Si bien la frase es confusa, indica un compromiso de parte del Estado con las radios comunitarias. Pero hace falta una Ley, no bastan las buenas intenciones.

Derecho a la comunicación

Consagrado en foros internacionales, el derecho a la comunicación es una conquista que supera los límites de la “libertad de expresión”, aprovechada hasta ahora sobre todo por los propietarios de medios masivos de difusión como argumento para impedir que los Estados regulen su actividad. Cada vez que algún gobierno pretende establecer parámetros para que las empresas de información y difusión funcionen en un marco legal de responsabilidad social, éstas lanzan el grito al cielo, se rasgan las vestimentas y acusan a los gobiernos de autoritarios y de querer instaurar la censura de prensa. Como resultado, uno de los sectores menos regulados en América Latina y en Bolivia en particular, es el de los medios de información, que hacen lo que les viene en gana.

Lo triste es que se hacen coro muchos periodistas, que en nombre de la libertad de expresión defienden a los propietarios de los medios -sus patrones- a las empresas en las que trabajan y a los negocios que estas representan, en lugar de defender el derecho a la comunicación. Nada menos y nada más que el Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz ha llegado al extremo de afirmar que “el derecho a la comunicación es un peligro”…

Cuando hace 27 años la UNESCO lideró la batalla a favor de la libertad de expresión, el mundo vivía una situación diferente. El informe realizado bajo la supervisión de Sean MacBride, Premio Nóbel de La Paz, destacó que existía un desequilibrio dramático en el flujo de informaciones a nivel mundial. Un puñado de agencias de noticias de Estados Unidos (AP y UPI) controlaban el 95% del caudal de información en el mundo. Las regiones en vías de desarrollo no tenían ninguna incidencia en la producción y distribución de información.

A raíz del informe MacBride, se crearon agencias regionales de información que en una pequeña medida contrarestaban con sus informaciones y reportajes el caudal avasallador de noticias distribuidas por los grandes monopolios de la información. Sin embargo, estas agencias no sobrevivieron, salvo IPS, agencia independiente que sobrevive en buena parte con los aportes de las agencias de Naciones Unidas. Como respuesta a ese análisis crítico de la UNESCO y a las acciones por medio de las cuales se trataba de corregir el desequilibrio, tanto Estados Unidos como Inglaterra abandonaron la UNESCO y organizaron durante años una gran campaña mediática con esa agencia especializada de las Naciones Unidas.

Sin embargo, foros recientes como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Ginebra 2003 y Tunes 2005), o el Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo (Roma 2006), han establecido claramente que el derecho a la comunicación de los pueblos es un derecho fundamental que no puede ser conculcado.


*Escritor, cineasta, periodista, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo. Es autor de una veintena de libros y películas documentales, y ha trabajado en seis continentes en proyectos de comunicación participativa para el cambio social. Es Director Ejecutivo del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social.

Fue miembro de la redacción del Semanario "Aquí" hasta el golpe de 1980, y ha publicado en diarios y revistas de Bolivia, América Latina, Europa, Norteamérica, África y Asia.

Desde 1980 su trabajo en comunicación para el desarrollo lo ha llevado a todas las regiones del planeta. Trabajó con UNICEF en Nigeria (1990-94) y Haití (1995-97); fue director del "Tierramérica" (1998), una plataforma regional de información para el medio ambiente. Ha sido consultor de FAO, UNESCO, PNUD, PNUMA, la Cooperación Australiana, UNAIDS, DTCD y la Fundación Rockefeller en proyectos de comunicación para el cambio social.

Ha escrito veinte libros de poesía, narrativa, testimonio, y estudios sobre literatura, cine y comunicación: Historia del Cine Boliviano (México, 1982); Cine, Censura y Exilio en América Latina (1979); Luis Espinal y el Cine (1986); Las Radios Mineras de Bolivia (1989) en colaboración con Lupe Cajías; Comunicación Alternativa y Cambio Social (1990); La Máscara del Gorila (1982) que obtuvo el Premio del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (INBA); y Haciendo Olas: Comunicación Participativa para el Cambio Social (2001), entre otros.


http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008012601

El ejemplo uruguayo

Elfego Riveros Director de Radio Teocelo.
radioscomver@hotmail.com

Acaba de aprobarse en el parlamento uruguayo la Ley de Radiodifusión Comunitaria, cuyo mérito principal es demostrar la viabilidad que tienen los proyectos ciudadanos para gestionar, instalar y operar medios sin fines de lucro, distintos a los públicos y privados.

El instrumento consta de cuatro capítulos y únicamente 20 artículos. No hubo que inventar el hilo negro. Bastó la voluntad política y el concierto de voces para colocar a ese país sudamericano en la vanguardia para reconocerle a los ciudadanos su derecho a comunicar.

Los tres primeros artículos de esta ley ­Capítulo I­, versan sobre los principios generales que orientan el cuerpo normativo: derecho a la libertad de expresión, comunicación e información; derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas; promoción de la pluralidad y diversidad; la no discriminación, y la transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones para el otorgamiento de frecuencias.

Esta ley es demoledora de prácticas monopólicas y autoritarias, como las que hay en nuestro país, donde la libertad de empresa suple a la libertad de expresión, anula la rectoría del Estado en este ámbito estratégico para la democracia, limita a los medios públicos y excluye por completo las iniciativas comunitarias.

En el Capítulo II, la ley uruguaya detalla los aspectos relevantes del servicio de radiodifusión comunitaria, estableciendo conceptos y categorías que son comunes al ejercicio del derecho a comunicar: "Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal, de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión...".

En el artículo 4 se especifica que la finalidad de la ley ­aprobada apenas el 11 de diciembre­, "...será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la convivencia pacífica... No podrán realizar proselitismo político-partidario o religioso, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o cualquier otro tipo constituyendo la transgresión a esta disposición, causal para la suspensión o revocación del permiso".

Se insiste, además, en que la radiodifusión comunitaria nada tiene que ver con el deseo empresarial y gubernamental, con que estas radios sean pocas, pequeñas y pobres, limitadas en su cobertura geográfica o por razones técnicas o presupuestarias.

La programación de estos medios comunitarios, abunda la ley en Uruguay, deberá ser preferentemente de producción propia y nacional, agregando siempre producción independiente de "...grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora...".

El artículo 5 se refiere a la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios. Y el 6 especifica que los titulares de los permisos serán asociaciones civiles sin fines de lucro con personalidad jurídica, cuyos representantes legales "...no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de más de una frecuencia (...) ni titulares o parientes de titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de radiodifusión no comunitarios".

Los uruguayos cuentan también con una ley en la que se establece ­artículo 7­, que el principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, agregando que el Poder Ejecutivo concederá la asignación, una vez emitido el dictamen favorable de parte del llamado Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria.

Este consejo no tendrá facultades policiacas, de censura o de inteligencia militar, como en México, sino garantizar la idoneidad de los operadores en cuanto a su plan de servicios a la comunidad, los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora, conocer los antecedentes de su trabajo social en la zona de cobertura y ponderar algo así como las cartas de recomendación de otras organizaciones civiles, personas o instituciones que serán destinatarias del proyecto de radiodifusión (artículo 8).

En Uruguay los permisos para operar estaciones comunitarias serán otorgados por un plazo de diez años, mismo que puede prorrogarse o revocarse hasta por cinco años, dependiendo de las condiciones en que se haya estado operando el medio (artículo 9).

Sus fuentes de financiamiento pueden ser las donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad (artículo 9), siempre y cuando la totalidad de los recursos obtenidos se inviertan en la operación global de estas radiodifusoras, buscando así que se cumplan a cabalidad sus objetivos. En contraparte, los operadores de estos medios permitirán la realización de una auditoría anual para asegurar el uso correcto de los recursos y una congruencia con los principios de ese servicio (artículo 10).

En el cuerpo de la ley se hacen explícitas ­artículos 11 a 13­, las condiciones para proceder a la revocatoria de los permisos o su intransferibilidad, así como la modalidad de las llamadas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario, por horas o días de la semana, para aquellas agrupaciones públicas y privadas que no alcancen la categoría de operadoras pero que requieren de espacios de intercomunicación.

El capítulo III de la ley uruguaya también marca el paso en materia de legislación sobre medios comunitarios, pues establece todas las condiciones para la creación e integración del llamado Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria.

Una vez reglamentada, la ley ordenará la integración de ese consejo con: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería (que presidirá este órgano), un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un miembro no legislador ­designado por la Asamblea General Uruguaya, dos representantes de los medios comunitarios, un representante de la Universidad Nacional, un representante rotativo de las universidades privadas donde se imparta la carrera de Comunicación y dos representantes de las ONG's que trabajen en el campo de la promoción y defensa de la libertad de expresión.

Ya quisiéramos tener en México una ley así, con principios y disposiciones que democraticen el espectro radioeléctrico, y que lleven pronto a la democratización de la vida pública toda en la nación.

Uno de los artículos transitorios de la ley uruguaya, el 20, habla incluso de los pasos que deberán seguir aquellas estaciones que deseen regularizarse, toda vez que ­como en México­ las radios libres se multiplican.

Usted puede consultar en www.etcetera.com.mx la ley aprobada en Uruguay.


http://www.etcetera.com.mx/pag35-36ne87.asp

La vida también es su narración

Del libro “Entre el deseo y la realidad” del Observatorio de Medios-UTPBA (Por el colectivo de trabajo de FM La Tribu).

Desde el origen del descubrimiento tecnológico, el pasaje del telégrafo a ese primer dispositivo “sin hilos” que fue la radio, el problema sobre el patentamiento del uso de esa nueva ingeniería técnica produjo ya una hipótesis: la radio podía ser la narración de lo que el mundo no era. Pero podía ser también su reproducción.

La disputa del registro de patentes de ese nuevo soporte caracterizó las primeras discusiones acerca del modelo que la radio asumiría como proyecto. La matriz europea, conducida por un Estado preocupado por homologar la comunicación a la salud bajo la perspectiva de servicio público, o la industria norteamericana del entretenimiento concentrada en vender clientes sonoros a nuevos mercados de anunciantes.

No es menor ese punto de partida. Porque un dispositivo tecnológico es el proyecto que transmite.

Las radios comunitarias y alternativas son, a la vez, medios de comunicación y actores sociales.

Se definen como organizaciones sin fines de lucro, que entienden que la comunicación no puede depender de las matrices del mercado, sino del derecho universal de los hombres y mujeres a darse un relato para su propia vida. Como espacios de construcción de sentido, intentan subvertir su propia condición, la de vencer la mediación. Esa configuración de dos espacios separados que se los desea juntos para el diálogo. No ya emisores y receptores sino interlocutores en condiciones de paridad.

Para La Tribu siempre fue importante, además de fundar una identidad radiofónica, constituir un territorio. Un espacio colectivo que funcione como red de prácticas, capaces de convertir a los símbolos en acciones y consecuencias. Bajo la convicción que supone que más importante que los mensajes es lo que puede hacerse con ellos.

La Tribu es un proyecto de comunicación/cultura. Como colectivo además de una radio alternativa, gestiona un conjunto de iniciativas: un bar, un espacio de capacitación en temáticas vinculadas con la comunicación, una biblioteca popular, un sitio de nuevas tecnologías y una editorial de discos y libros. Además de un conjunto de proyectos puntuales con otros espacios colectivos y organizaciones sociales.

Todas acciones sin fines de lucro que buscan interpelar las condiciones de existencia.

A medida que La Tribu cumple más años, dieciocho ya, tenemos más preguntas que certezas.

Cuando uno participa en un proyecto que se propone aportar a la transformación social, a alguna transformación social, desde el espacio de lo cultural, hay una pregunta central: ¿por qué la normalización es posible? ¿Por qué somos y vivimos la normalidad? ¿Por qué la hacemos cuerpo?

¿Cómo descaracterizar al sistema cuando convierte en relato, código y costumbre, a todo aquello que lo asegura y garantiza?

La pregunta está ahí, cada vez que un proyecto cultural se propone un hacer. Como si de encontrar la respuesta dependiera la posibilidad de llevar adelante una política transformadora eficaz.

Así construimos "hipótesis de trabajo". Y desde ellas diseñamos investigaciones periodísticas, podcast, editamos libros y discos, blogs y videos, acompañamos al movimiento Campesino de Santiago del Estero a montar sus radios, o hacemos una fiesta en la calle para 10 mil personas.

http://www.voltairenet.org/article154263.html

PERIODISMO-MÉXICO: Censura deprisa, deprisa

Por Diego Cevallos
MÉXICO, 7 ene (IPS) - En los últimos siete años en México fueron asesinados 35 periodistas y otros seis están desaparecidos, en 2007 se abrieron 84 expedientes por denuncias de agravios y al comenzar 2008 fue despedida la conocida conductora radial Carmen Aristegui, crítica de los poderes fácticos y constituidos.

Ante estos datos, muchos analistas se preguntan si en este país hay de verdad plena libertad periodística, como sostiene el gobierno del conservador Felipe Calderón.

"El saldo de la libertad de expresión es poco alentador y no vemos en el panorama nada que pueda revertirlo. Por el contrario, podría agravarse", dijo a IPS la mexicana Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

También José Antonio Crespo, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, comentó que "muchos se preguntan (ahora) con inquietud sino se habrá iniciado un proceso de regresión en lo que hace a la libertad mediática (en medios de comunicación)".

La derrota en las urnas en 2000 del Partido Revolucionario Institucional, tras 72 años de permanecer de modo consecutivo en el gobierno de México, abrió mayores espacios de libertad a los medios de comunicación. Sin embargo, los nubarrones no se despejaron.

Aristegui, conductora del noticiero "Hoy por Hoy" de W Radio, anunció el viernes que ese era su último programa luego de cinco años de trabajo, pues el consorcio de medios de comunicación Televisa, controlado por la familia Azcárraga y dueña de la frecuencia, había decidido no renovarle el contrato con el argumento de existir entre las partes una "incompatibilidad editorial".

Televisa Radio agrupa a 17 estaciones de AM y FM en seis ciudades de México, su programación se emite en casi 90 emisoras que cubren casi todo el país y forma parte del Grupo Latino de Radio.

El español Grupo Prisa adquirió a comienzos de esta década 50 por ciento del paquete accionario de la división radio de Televisa, cuyo formato W Radio se repite en Colombia, Chile, Panamá, Los Ángeles y Miami.

Esta periodista había ganado prestigio por dar voz a la izquierda, a los movimientos sociales y a las víctimas de violaciones a sus derechos, entre otros sectores con poco acceso a los medios, y por seguir con tono inquisitivo en temas espinosos que salpican a la Iglesia Católica y a los poderes económicos y políticos, incluidos entre ellos las poderosas y dominantes cadenas de televisión Televisa y TV Azteca.

Calleja, vicepresidenta de Amarc y ex representante de esa organización en México, opinó que la salida de Aristegui del cuadrante radial es parte de un proceso dirigido a "asfixiar a las voces críticas y plurales que aún quedan en los medios de comunicación electrónicos, donde la libertad es escasa y la concentración amplia".

Siete de cada 10 televidentes mexicanos sintonizan canales de Televisa, mientras dos ven los del emporio TV Azteca. En radiodifusión, la oferta se concentra en unos 13 grupos empresariales, siendo los más poderosos lo que pertenecen a esas mismas cadenas de televisión.

En la prensa mexicana la situación es diferente, pues existe un universo de opciones donde las críticas a los poderes se ejercen con relativa libertad.

Según afirma el gobierno de Calderón, en este país hay plena e irrestricta libertad de expresión y prensa.

El amplio poder que tienen Televisa y TV Azteca afecta a la democracia y no es sinónimo de libertad de expresión, "pero no parece haber forma por ahora de acabar con ese problema", se lamentó Calleja.

En septiembre, el parlamento mexicano soportó presiones y puso como contra la pared a los poderosos medios de comunicación electrónicos, al aprobar una reforma que privó a ese sector de las millonarias sumas que recibían en las campañas electorales a través de los contratos de propaganda política.

Los legisladores prometieron que en marzo de este año tendrán lista una norma dirigida a romper los monopolios existentes en la radio y la televisión, pero no hay señales claras de que cumplirán su cometido, mientras los aludidos emprendieron fuertes críticas contra los diputados.

Lo mismo hicieron esas televisoras con los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que en junio declaró inconstitucional una norma sobre radio y televisión aprobada por el Poder Legislativo bajo presión y que favorecía ampliamente a los poderosos medios electrónicos.

La periodista Aristegui, quien además es columnista en el diario Reforma y tiene un programa de entrevistas en la cadena de noticias estadounidense CNN en su versión en español, mostró públicamente su desacuerdo con sus colegas de Televisa y TV Azteca por oponerse a las reformas electorales y a la resolución de los jueces y se pronunció por democratizar el sector.

Televisa tiene la facultad para tener los conductores que desee, pero no en detrimento de la libertad informativa y del derecho de la ciudadanía a escuchar voces diferentes, dijo Miguel Granados, columnista del diario Reforma y del semanario de izquierda Proceso.

La salida de Aristegui de la radiodifusora W, de Televisa, añadió leña a los problemas que afectan el ejercicio del periodismo en México.

Estudios de la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos indican que 35 periodistas murieron asesinados y otros seis desaparecieron entre 2000 a 2007. La mayoría de esos casos están relacionados a acciones de narcotraficantes que se vieron afectados por revelaciones o denuncias hechas por comunicadores.

En 2007, la Comisión abrió 84 expedientes sobre igual número de quejas de periodistas que reportaron haber sido agraviados en el libre ejercicio de su profesión, ya sea por sus empleadores o por el producto de sus reportajes.

"El peligro que enfrentan los periodistas en México es alto, así como la impunidad que rodea a todos los crímenes de colegas y al escaso o nulo interés del Estado en aclararlos", sentenció la vicepresidenta de Amarc.

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en Francia, difundió en octubre su lista anual de países por nivel de respecto a la libertad de prensa, de mayor a menor. En el caso de América Latina y el Caribe, Cuba (puesto 165) y México (136) aparecen en ese orden como los que presentan más problemas.


http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=87095

In-Mundo un programa realizado por TV Libre y ARGENPRESS.tv

El Movimiento de Documentalistas ha impulsado la creación de TV Libre
(www.tvlibre.org.ar) un nuevo medio cuyo objetivo rector es el de generar
un espacio de divulgación que promueva el pensamiento crítico como
alternativa al discurso hegemónico. Esto explica que su desarrollo sea
independiente al Estado, los aparatos políticos y las corporaciones
económicas.

Su programación abarcará propuestas propias pero incluirá además las
presentadas por la sociedad. TV Libre brinda un espacio a todas aquellas
organizaciones, movimientos y personas que quieran compartir sus proyectos y
participar de una programación libre de censura. Como es el caso del
programa In-Mundo realizado en co-producción con Argenpress.tv

Este programa, mantiene el formato de un noticiero temático donde a través
de informes y entrevistas, su conductora Marcela Pacheco, nos ayuda a
reconstruir la historia y tomar conciencia sobre la importancia de instalar
ciertos temas en la memoria de la sociedad. El primer programa está dedicado
al Petróleo con motivo de cumplirse cien años desde su descubrimiento en
Argentina, y un informe especial sobre las incidencias de su privatización.

TV Libre es el fruto del deseo de muchos, que ven ahora en la pantalla del
monitor una ventana abierta hacia la democratización en comunicación.

ARGENPRESS

Haga click en el siguiente enlace para visualizar el video:

http://www.argenpress.tv/aptv/video.asp?Numero=000030

www.argenpress.tv