Radios comunitarias: ¿para cuando la ley?

Alfonso Gumucio D.*

América Latina es un continente privilegiado pues cuenta con más de 10 mil radios comunitarias. Sólo en Perú hay cerca de cuatro mil emisoras, en su mayoría en el área rural. Ecuador, Bolivia y Colombia son naciones donde las radios comunitarias se cuentan por centenares. En otros países de la región, aunque en menor número, las emisoras de los sectores pobres y marginados de la sociedad proliferan, aunque las condiciones a veces son muy adversas.

En Guatemala las emisoras de los indígenas mayas sufren la represión del Estado, porque las empresas comerciales -en manos de dos o tres empresarios- rechazan el derecho de las comunidades a expresarse. En cambio Ecuador, Perú, Colombia o Venezuela cuentan con legislaciones que reconocen y protegen las radios comunitarias, consideradas esenciales para el desarrollo local. La legislación de Chile y de Brasil parece haber sido diseñada para limitar la expresión de las comunidades: las restricciones de potencia del transmisor o de cobertura son draconianas, así como la prohibición de generar recursos a través de la publicidad. Aún así en Brasil hay 10 mil proyectos de emisoras comunitarias que esperan su legalización.

En el valle de Sutatenza (Colombia) nació hace 60 años la primera radio comunitaria del mundo; aunque su vida fue corta, pues se convirtió poco después en radio escuela. Hoy, el gobierno colombiano otorga centenares de licencias para emisoras comunitarias que operan en zonas de conflicto y que realizan una labor importante en búsqueda de la paz. El país cuenta con una docena de redes, y cada una agrupa alrededor de una veintena de emisoras comunitarias. En 2006 recorrí la red de AREDMAG -emisoras instaladas en las riberas del Río Magdalena Medio, zona de cruentos enfrentamientos entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército- y pude constatar el grado de participación y compromiso local, especialmente por parte de las generaciones más jóvenes.

En África y Asia las radios comunitarias se han multiplicado durante los últimos diez años, a partir de experiencias aisladas de los años 1980s, como Bush Radio que nació en África del Sur en tiempos del apartheid. Hoy este país cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en apoyo de las radios comunitarias, al igual que Ghana.

Nepal y Filipinas son la vanguardia de las radios comunitarias en Asia, aunque recientemente la India prepara una gran sorpresa con la aprobación de legislación a fines del 2006. En Filipinas se conformó desde el año 1990 la red Tambuli, con veinte emisoras que operan en las regiones más aisladas del país, como Radio Loreto y Radio Tubajon, que pude visitar a fines de los 1990s en la isla de Surigao. En Nepal, nació en esa década la primera radio independiente, Radio Sagarmatha creada por un grupo de periodistas ambientalistas, esencial en la lucha por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Gracias a ello existen en Nepal otras emisoras comunitarias, gestionadas por la propia comunidad.

Bolivia, oportunidades perdidas

Recordemos el lugar privilegiado que tiene Bolivia en la historia de las radios comunitarias del mundo. Desde fines de los años 1940s nacieron radios mineras en centros como Siglo XX-Llallagua, Catavi, Huanuni, etc. A principios de los años 1960s eran cerca de 25 emisoras mineras las que habían sido establecidas con los aportes de los propios sindicatos. Por su carácter verdaderamente participativo, por su defensa del derecho a la comunicación, y por el papel central que cumplieron en la lucha por las libertades y por un país digno y soberano, las radios mineras son conocidas y respetadas en el mundo entero.

Con la declinación de la minería del estaño, pocas sobrevivieron o tuvieron que hacer frente a una nueva situación ya que su principal audiencia había emigrado a las ciudades en busca de trabajo. Entre aquellas que mantienen vigencia, aunque precariamente, están Radio Nacional de Huanuni, Radio Vanguardia de Colquiri y Radio 16 de Marzo, en Bolívar, que recientemente han sido objeto de un estudio detallado de Karina Herrera (FES).

Desde los años 1970s se han multiplicado las radios comunitarias campesinas, indígenas y urbanas marginales, varias de ellas afiliadas a la red ERBOL. Estas radios cumplen un papel central en el desarrollo local y en el fortalecimiento de la identidad cultural.

Con la llegada al poder de Movimiento al Socialismo bajo la presidencia de Evo Morales, se han multiplicado las “radios originarias” promovidas por el gobierno central como extensiones locales de los organismos de difusión del Estado. Al principio, estas emisoras oficiales fueron llamadas “comunitarias” pero la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), tuvo que precisar que no corresponden a las características participativas de la radio comunitaria. Estas emisoras son más bien repetidoras de programas elaborados centralmente.

El modelo se asemeja al de las 22 emisoras de Instituto Nacional Indigenista de México, instaladas en comunidades indígenas por el gobierno del PRI con el objeto de promover la lengua y las costumbres locales. Posteriormente, algunas lograron cierta autonomía para operar sin las directivas del poder central. Esperemos que eso pueda suceder en Bolivia con las radios originarias cuando pasen algunos años y la presión política sobre ellas no sea tan directa. Mientras hay emisoras comunitarias e indígenas que esperan que la Dirección de Telecomunicaciones les otorgue una licencia para funcionar y una frecuencia para emitir, las radios originarias no han pasado por ningún proceso reglamentario: simplemente se las ha favorecido con el peso del poder ejecutivo, y sin aplicar las disposiciones existentes.

En el plano de la legislación, paradójicamente el gobierno del MAS no ha aprobado una ley de protección y estímulo a las radios comunitarias de Bolivia. Lo más próximo es un decreto dictado por Carlos Mesa en el que se reconoce y regula el funcionamiento de las radios comunitarias. El gobierno del MAS tiene una deuda pendiente todavía en este campo.

La Constitución Política del Estado aprobada por los asambleístas del MAS, recogió las inquietudes de los comunicadores y especialistas de la comunicación, e incluye en el Artículo 108 de la “versión oficial”, un acápite que dice textualmente: “El Estado apoyará la creación y mantenimiento de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades”. Si bien la frase es confusa, indica un compromiso de parte del Estado con las radios comunitarias. Pero hace falta una Ley, no bastan las buenas intenciones.

Derecho a la comunicación

Consagrado en foros internacionales, el derecho a la comunicación es una conquista que supera los límites de la “libertad de expresión”, aprovechada hasta ahora sobre todo por los propietarios de medios masivos de difusión como argumento para impedir que los Estados regulen su actividad. Cada vez que algún gobierno pretende establecer parámetros para que las empresas de información y difusión funcionen en un marco legal de responsabilidad social, éstas lanzan el grito al cielo, se rasgan las vestimentas y acusan a los gobiernos de autoritarios y de querer instaurar la censura de prensa. Como resultado, uno de los sectores menos regulados en América Latina y en Bolivia en particular, es el de los medios de información, que hacen lo que les viene en gana.

Lo triste es que se hacen coro muchos periodistas, que en nombre de la libertad de expresión defienden a los propietarios de los medios -sus patrones- a las empresas en las que trabajan y a los negocios que estas representan, en lugar de defender el derecho a la comunicación. Nada menos y nada más que el Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz ha llegado al extremo de afirmar que “el derecho a la comunicación es un peligro”…

Cuando hace 27 años la UNESCO lideró la batalla a favor de la libertad de expresión, el mundo vivía una situación diferente. El informe realizado bajo la supervisión de Sean MacBride, Premio Nóbel de La Paz, destacó que existía un desequilibrio dramático en el flujo de informaciones a nivel mundial. Un puñado de agencias de noticias de Estados Unidos (AP y UPI) controlaban el 95% del caudal de información en el mundo. Las regiones en vías de desarrollo no tenían ninguna incidencia en la producción y distribución de información.

A raíz del informe MacBride, se crearon agencias regionales de información que en una pequeña medida contrarestaban con sus informaciones y reportajes el caudal avasallador de noticias distribuidas por los grandes monopolios de la información. Sin embargo, estas agencias no sobrevivieron, salvo IPS, agencia independiente que sobrevive en buena parte con los aportes de las agencias de Naciones Unidas. Como respuesta a ese análisis crítico de la UNESCO y a las acciones por medio de las cuales se trataba de corregir el desequilibrio, tanto Estados Unidos como Inglaterra abandonaron la UNESCO y organizaron durante años una gran campaña mediática con esa agencia especializada de las Naciones Unidas.

Sin embargo, foros recientes como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Ginebra 2003 y Tunes 2005), o el Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo (Roma 2006), han establecido claramente que el derecho a la comunicación de los pueblos es un derecho fundamental que no puede ser conculcado.


*Escritor, cineasta, periodista, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo. Es autor de una veintena de libros y películas documentales, y ha trabajado en seis continentes en proyectos de comunicación participativa para el cambio social. Es Director Ejecutivo del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social.

Fue miembro de la redacción del Semanario "Aquí" hasta el golpe de 1980, y ha publicado en diarios y revistas de Bolivia, América Latina, Europa, Norteamérica, África y Asia.

Desde 1980 su trabajo en comunicación para el desarrollo lo ha llevado a todas las regiones del planeta. Trabajó con UNICEF en Nigeria (1990-94) y Haití (1995-97); fue director del "Tierramérica" (1998), una plataforma regional de información para el medio ambiente. Ha sido consultor de FAO, UNESCO, PNUD, PNUMA, la Cooperación Australiana, UNAIDS, DTCD y la Fundación Rockefeller en proyectos de comunicación para el cambio social.

Ha escrito veinte libros de poesía, narrativa, testimonio, y estudios sobre literatura, cine y comunicación: Historia del Cine Boliviano (México, 1982); Cine, Censura y Exilio en América Latina (1979); Luis Espinal y el Cine (1986); Las Radios Mineras de Bolivia (1989) en colaboración con Lupe Cajías; Comunicación Alternativa y Cambio Social (1990); La Máscara del Gorila (1982) que obtuvo el Premio del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (INBA); y Haciendo Olas: Comunicación Participativa para el Cambio Social (2001), entre otros.


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