América Latina: Disputa de sentidos

Escrito por Osvaldo León

Uno de los signos de que hay cambios en curso en Nuestra América es que últimamente el omnipresente y poderoso mundo mediático se ha visto sensiblemente convulsionado. Muy a su pesar ha tenido que abrir espacios para que se pueda hablar (y ocasionalmente debatir) sobre un tema que lo tenía como impertinente: la responsabilidad social de los medios de comunicación. En unos países porque entró en la agenda política consultas o reformulaciones legales, y en los demás por efecto de contagio.

Se dice que en los momentos críticos caen las máscaras. Y esto es lo que está pasando con los grandes medios de comunicación cuando en lugar de propiciar un debate amplio y diverso han optado por atrincherarse en la esencia de su realidad oculta: la propaganda. De ahí las multimillonarias campañas publicitarias que el poder mediático ha desplegado en los países donde se ha dado o está por darse una apertura a la democratización de la comunicación. Campañas, por cierto, muy interrelacionadas no sólo por tener una matriz común, sino por la sincronización de movimientos y soportes: institutos de investigación, centros de observación y entidades afines, y obviamente la inefable SIP (Sociedad Interamericana de Prensa, que es el gremio de las corporaciones mediáticas).

Al centro de tales campañas: ese mismo poder mediático erigido como paladín de la libertad de expresión. O sea, un valor intangible utilizado para señalar que su poder acumulado es intocable. Por lo mismo, se convierte en un atentado a dicha libertad toda iniciativa que pretenda abrir nuevos parámetros asumiendo que en ella se contempla también la libertad de la ciudadanía toda. Por decir algo, que simplemente reivindique que el escenario vigente precisa dar paso a la incorporación de nuevos actores sociales para hacer efectivo el sentido de mayor pluralidad y diversidad.

La conquista de la libertad de expresión marca un hito en la permanente lucha de la humanidad por garantizar los derechos inalienables de las personas y las colectividades. En ese devenir histórico con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, se consagra el Derecho a la Información que reconoce portadores de tal derecho a todas las personas. Se trata de una concepción englobante de todos los derechos reconocidos y reivindicados hasta entonces en esta materia, y que para los tiempos que corren resulta insuficiente por lo que hoy la lucha gira en torno a la demanda del “Derecho a la Comunicación”, reconocida ya en varios países e instrumentos internacionales.

Asuntos de democracia

En ese devenir histórico, el curso que ha marcado el mundo de la comunicación y consiguientemente el ordenamiento de los medios de comunicación tiene el signo de una cada vez mayor concentración. Los teóricos del liberalismo clásico cuando cimentaron las ideas del “cuarto poder”, seguramente hoy serían los mayores críticos. El hecho es que bajo tal premisa se operó el proceso de institucionalización que ha hecho que los medios de comunicación se conviertan en entes autónomos en tanto “naturalmente neutros”, por fuera de cualquier control social. Y bien, es lo que ahora les permite actuar por sí y ante sí con una agenda propia, supuestamente como expresión de la sociedad. Una seria secuela de ello es que ahí se produce la separación entre emisor y receptor, estableciéndose una relación unidireccional a partir del polo emisor; aunque se diga que es una cuestión simplemente técnica, no es así.

Expresión de lo dicho es el tema autorregulación, presentada como un mecanismo para preservar la libertad de expresión, bajo el entendido que la más insignificante regulación es un atentado a tal libertad. El argumento comúnmente utilizado es que el control lo hacen el lector, el oyente, el televidente quienes en cualquier momento pueden decidir no seguir con tal o cual medio o programa. Por tanto, sostienen, es el control perfecto, y no se precisa de ningún otro; vale decir, todo se resuelve en el mercado. Sin embargo, ni la comunicación ni la información se las puede considerar como meras mercancías pues son bienes esenciales y relevantes para el convivir de una sociedad democrática. Precisamente por eso merecen protección del ordenamiento jurídico.

De modo que lo que tenemos es un poder mediático cada vez más concentrado, que conjuga tanto el ser parte de los grandes negocios como el hecho de ser un factor preponderante para la disputa de ideas. Y por otro lado, una lucha histórica por la ampliación de derechos o cuando menos para que se hagan realidad los ya consagrados. Vale decir, se trata de una disputa entre el poder mediático que habla de libertad de expresión, aunque en realidad reducida a la libertad de prensa (que consagra los derechos a los empresarios); y actores sociales que con un sentido englobante y amplio reivindican el Derecho a la Comunicación.

Por esa simbiosis de los grandes medios de comunicación con el poder es que justamente se asiste a una creciente pérdida de su credibilidad en muchos países del mundo, al punto que ya se habla de crisis de la prensa. Precisemos, esa simbiosis no es nueva, lo nuevo es que las tradicionales fórmulas de disimulo han comenzado a fallar ante la evidencia de los hechos. En todo caso, es un factor que está gravitando para que la demanda por la democratización de la comunicación paulatinamente sea asumida por cada vez mayores sectores sociales organizados.

A propósito, resulta muy significativa la experiencia de las organizaciones sociales argentinas respecto a la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. En primer lugar, por la confluencia que han logrado establecer con la conformación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, integrada por representantes de organizaciones sindicales de los trabajadores, sus centrales obreras, de los movimientos sociales, de derechos humanos, de emisoras y claustros universitarios, del movimiento cooperativista, de radios y canales comunitarios y pequeñas pymes, de los pueblos originarios, ciudadanas y ciudadanos en general.

Luego, por la activa participación en los debates en torno a la Ley que se desarrollaron en todo el país durante la fase previa a su tratamiento parlamentario, a partir de una plataforma común de 21 puntos. Y ahora, por las movilizaciones que están propiciando para que ésta entre en vigencia puesto que se encuentra suspendida por un fallo de la justicia federal de Mendoza. El pasado 15 de abril, como en los mejores tiempos de movilización, más de 50 mil personas salieron a las calles de Buenos Aires para expresar el respaldo a dicha Ley, cuya aplicación se ha visto frenada por un recurso interpuesto por grupos oligopólicos (como Clarín, grupo Vila-Manzano, entre otros). La decisión final está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Brasil es otro país donde últimamente diversos sectores de la sociedad se han involucrado directa o indirectamente en los debates propiciados por el proceso que condujo a la Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom), realizada en Brasilia del 14 al 17 de diciembre de 2009, donde de las 665 propuestas aprobadas, 601 alcanzaron consenso o más del 80% de aceptación en los grupos de trabajo por lo que no precisaron ser votadas. Otras 64 se aprobaron en plenaria.

Como los grandes medios de comunicación no están para el debate, optaron por abandonar la Conferencia y consecuentemente ignorarla o bien descalificarla. Ahora, todas sus baterías apuntan para que las directrices adoptadas en la Confecom mueran en el papel. Pero desde el campo popular ya se habla de acciones de presión para que el Parlamento respete los mandatos de la Confecom, pues, al decir del coordinador de la Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria, José Nascimento, “Brasil ya le tomó gusto al debate sobre las comunicaciones”.

Tanto en estos países como en otros que están inmersos en procesos afines, el punto común denominador es la premisa de que lo que está en juego es el sentido mismo de la democracia: una de carácter formal, limitada a votaciones de tiempo en tiempo, donde los actores ya no son los ciudadanos sino los consumidores; y la otra que reivindica una ciudadanía participativa y proactiva para tener voz y voto en las decisiones que vertebran su destino. En esta perspectiva es que va adquiriendo fuerza la demanda por el Derecho a la Comunicación.

Puntos comunes

En clave del Derecho a la Comunicación, ésta no se limita a los medios de difusión, sino que se conecta con ámbitos como la educación y la cultura, en tanto supone diálogo y construcción de sentidos comunes. Pero debido a la centralidad que en nuestras sociedades han adquirido esos medios de difusión, resulta obvio que se le asigne una atención particular.

En términos de democracia, ello implica confrontar la concentración mediática y la lógica que privilegia los intereses de los grandes grupos económicos, para dar paso a una reestructuración que ponga término a los monopolios y oligopolios. Pero también rescatar el carácter público de la comunicación social y por lo mismo la centralidad de la sociedad en este plano: un giro copérnico ya que únicamente se venía contemplando a dos actores: Estado y empresarios. Esto es, garantizar la participación activa, crítica y organizada de la sociedad en todos los procesos comunicativos.

En materia legislativa, uno de los puntos críticos tiene que ver con el reparto del espectro radioeléctrico -un bien público inalienable, imprescriptible, inembargable y limitado- que pertenece a la humanidad pero que es administrado por los estados. En esta materia, se viene imponiendo el criterio de los tres tercios: sector empresarial, público (estatal) y comunitario. Cuestión que cobra particular importancia ante la próxima entrada del sistema de frecuencias digitales.

Otro punto se refiere al ordenamiento institucional y la consiguiente definición y demarcación del órgano u órganos rectores que habrán de ocuparse de las regulaciones y controles. A propósito, la figura esgrimida es la de un Consejo Nacional o Social de Comunicación, aunque no necesariamente hay concordancia respecto a su composición y espacio de autonomía.

Luego hay una serie de demandas que, con variantes, resultan comunes a los diversos países, tales como: la producción y distribución local y regional; la sustentabilidad de los medios públicos y comunitarios; la precisión del carácter y composición de los medios públicos; las derivaciones prácticas del control y participación social; acceso a la información de las entidades públicas (transparencia), insinuándose que lo mismo debería aplicarse hacia todos los sectores; acceso universal a las tecnologías de Información y Comunicación (TICs); regulaciones en materia de promoción y publicidad, entre otros puntos.

En todo caso, queda claro que para que las leyes no queden en letra muerta tienen que traducirse en políticas públicas.

http://elmercuriodigital.es/content/view/27554/159/

España: REVOLUCIÓN EN LAS ONDAS DEBIDO A LA DIGITALIZACIÓN.

La audiencia televisiva se fragmenta con motivo del apagón analógico
La implantación total de la TDT el mes pasado agudiza la caída las grandes cadenas generalistas. Entre TVE, Antena 3 y Tele 5 suman un mínimo histórico del 41,8% de cuota de pantalla en abril. MANUEL DE LUNA / EL PERIÓDICO


Con el apagón analógico del pasado 30 de marzo y la consiguiente digitalización de todas las cadenas de emisión vía hertziana, la tele en España ha entrado de lleno en un panorama marcado por una espectacular fragmentación de las audiencias, provocada por la ya inabarcable oferta de canales: los privados y públicos en abierto (de ámbito estatal, autonómico, local) y los de pago (a través del cable, satélite y adsl). Esta atomización de las cuotas, que ya está revolucionando las políticas de financiación de las operadoras y de las empresas de publicidad, está marcando una tendencia: en pocos años se podrá ser líder de audiencia en España con solo un 10% de cuota. O incluso menos.

Este futuro inmediato lo corroboran los datos de audiencia que aporta abril, el primer mes en el que España ha vivido --después de 50 años-- sin tele analógica, y en el que todas las cadenas han competido en un mismo terreno de juego y en igualdad de condiciones: el de la TDT.

CAÍDA ESPECTACULAR La conclusión más evidente que se puede extraer de este primer mes digital en España es que se acentúa la caída de audiencia de las grandes cadenas (TVE, A-3 TV y Tele 5 suman un mínimo histórico del 41,8% de cuota), mientras que los nuevos canales que nacieron con la TDT siguen en ascenso, lento pero continuo. Este es el caso de Clan TV, Disney Channel, Neox, Nova, La Siete, FDF, Intereconomía, Teledeporte, Veo7, Canal 24H y CNN+. Todos han batido su récord.

Los principales perjudicados por el apagón --se han quedado en mínimos históricos-- han sido Antena 3, La 2 y las televisiones públicas autonómicas Canal Sur (13,6%), Telemadrid (7,9%), Canal 9 (9,4%) y ETB-1 (2,6%). En el caso de Aragón Televisión finalizó el mes de abril con el 8,9% de cuota de pantalla en la comunidad. En abril, Aragón TV alcanzó un total de 1.149.000 contactos, lo que supone más del 90% de la población televisiva.

Tres han sido los acontecimientos más importantes transmitidos por la cadena autonómica en el mes de abril: en primer lugar la Semana Santa en Aragón. En segundo lugar, los encuentros de la Champions League, entre los que destaca el Barcelona-Inter. En tercer lugar, las emisiones con motivo de la festividad de San Jorge. Los informativos continúan situándose en los primeros puestos de las emisiones más vistas.

Cabe destacar también que, junto a la evidente fragmentación a la que irremediablemente está abocada la televisión en España, aparece el fenómeno contrario, ya que existen productos que todavía aglutinan audiencias masivas: el primero y más evidente es el fútbol, que ha sido el pelotazo de audiencia de abril: el choque Inter-Barça rozó los 10 millones de espectadores en TVE-1.

Estos datos indican que, en un futuro no muy lejano en el que los canales se pelearán por décimas de audiencia, serán unos pocos contenidos de tirón social los que decidirán el líder en España.

Por su parte, los cerca de 80 canales de pago que se pueden sintonizar mantienen un crecimiento lento pero constante: en abril han subido una décima (7,2% de cuota) y se consolidan como la sexta oferta en España. Fox (0,5%), AXN (0,4%), C+ (0,3%), Paramount Comedy (0,2%) y Gol TV (0,2%) son líderes de este grupo. La crisis juega a favor de estas ofertas: abonarse es más barato que ir de copas.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=579493